Cerramos el año estrenando Gobierno en España y nueva estructura, en cuanto a lo que a las competencias en materia de cultura se refiere: Desaparece el Ministerio de Cultura y en su lugar se crea una Secretaría de Estado de Cultura dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Confiemos en que la merma que supone la desaparición del Ministerio de Cultura en cuanto a visibilidad, coordinación de políticas y, también carga simbólica (el mero hecho de que deje de existir como tal puede parecer que a la cultura se le da menos importancia de la que debiera de tener) quede compensada por la elección para ocupar el cargo de Secretario de Estado de una persona con amplia experiencia, conocimientos y compromiso con el sector de la cultura y de la propiedad intelectual. Como decía Sabino Méndez, portavoz de SGAE, hace unos días, "lo más importante es que en el Ministerio haya buenos técnicos que conozcan el medio". A ello cabría añadir además visión de conjunto, proyección a largo plazo, sentido de Estado y, en los tiempos que corren, una buena dosis de valentía. Hoy, las palabras del Ministro de Educación y Cultura en la toma de posesión del Secretario de Estado de Cultura, Jose María Lassalle, son, en ese sentido, tranquilizadoras.
Lo cierto es que abrimos el año 2011 con una agria polémica en torno a las descargas no autorizadas en Internet de contenidos protegidos por los derechos de autor y la aprobación de una ley que pusiera coto a las mismas y lo cerramos igual. No sólo no hemos avanzado nada en un año sino que hoy, además, estamos más hastiados en relación con este asunto e incluso desmoralizados por constatar lo difícil que resulta en nuestro país aplicar medidas para corregir una situación, simple y llanamente, injusta. Sobre esto también se ha pronunciado hoy el Ministro de Educación y Cultura, señalando que "se actuará contra quienes se lucren indebidamente del trabajo intelectual de otros".
Porque, no lo olvidemos, robar los derechos de autor en internet no es ponernos en gorro de Robin Hood por unas horas y luchar contra los oligopolios culturales; las grandes empresas de contenidos de Estados Unidos o la pérfida SGAE (por si esto a alguien pudiera valerle como justificación). Robar contenidos culturales -en Internet o fuera- es impedir que cada año surjan nuevos escritores, músicos, poetas, cineastas, etc y que todos ellos tengan la sencilla aspiración de poder vivir de su talento. Que éste se convierta en su trabajo cotidiano y que con ello puedan aportar lo mejor de sí mismos a la sociedad. Si además eso crea empleo, genera tejido empresarial y aporta un 3% del PIB a la economía de nuestro país, qué más podemos pedir. Esto es, sin más ni menos, lo que permite el derecho de autor. Un derecho nacido con el reconocimiento de los derechos y las libertades individuales y la muerte de los antiguos regímenes absolutistas, como la mejor garantía para asegurar una creación artística insumisa, crítica e independiente.
La semana pasada nos dejó dos buenos ejemplos de toda esta polémica. Por un lado, Lucía Extebarría anunció que dejaba de escribir mientras sus obras continuasen siendo pirateadas de forma masiva en Internet. Su decisión no sólo no ha dado que pensar a la difusa "comunidad internauta" sino que se ha ganado insultos y descalificaciones varios en facebook, twitter y demás plataformas. Al mismo tiempo, conocíamos la sentencia de primera instancia en el caso "Blubster" y esa misma "comunidad" la celebraba como el gran triunfo de la libertad de expresión y del progreso. Esta claro que la tecnología es neutra. Precisamente, lo que define nuestros actos es el uso que hagamos de ella. Por ello, resulta difícil de asumir el hecho de que, teniendo el proveedor de una tecnología conocimiento de los fines a los que los usuarios de su negocio (consistente en proveer la tecnología, precisamente) destinan la misma y obteniendo un lucro directo por facilitarla, siga beneficiándose de una absoluta falta de responsabilidad por las consecuencias provocadas por dichos usos. Sólo en España podría producirse una sentencia de ese tenor.
Sin duda, los nuevos responsables de la política Cultural en España van a tener que enfrentarse a muchos retos. Entre ellos, modificar algunos aspectos de la legislación en materia de propiedad intelectual, revisar algunos conceptos jurídicos como el del "conocimiento efectivo", promover el diálogo entre los sectores intervinientes en el negocio de los contenidos digitales, facilitar acuerdos sectoriales que reduzcan la litigiosidad y promuevan el diálogo, pero sobre todo, van a tener que enfrentarse al reto de devolver la cordura y revalorizar los principios de respeto a la propiedad intelectual y al trabajo que deben de seguir configurando la base de nuestro modelo de convivencia y desarrollo.
Animo y a por ello, queda todo un año por delante...
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