Se ha generado mucho interés estos días en torno al proyecto de ley del Congreso de los EE.UU, conocido como SOPA. Los medios de comunicación de todo el mundo han recogido, minuto a minuto, los avatares de la SOPA y la reacción de las industrias de Internet. Hoy os recomendamos dos noticias aparecidas en el Washington Post hace unos días y que hablan del debate surgido en torno a este proyecto de ley en la Cámara de Comercio de Estados Unidos
Son bastantes los que en nuestro país rápidamente se han apresurado a comparar la SOPA con la Ley Sinde. Sin ir más lejos, hoy 20 de enero, el periódico El Pais en su editorial lo deja caer, al decir que Estados Unidos "ha presionado a terceros países como España para que adopte sus soluciones". Francamente, este recurso es tentador, pero demasiado fácil.
Sin conocer todavía en detalle el proyecto de ley norteamericano, cosa que haremos en los próximos días para publicar un análisis comparado en nuestra web, por lo que hemos podido leer en la prensa, el texto americano incorpora una serie de medidas que podrían poner en juego la salvaguarda de otros derechos fundamentales. Si esto es así, el proyecto de ley deberá de ser revisado y enmendado para garantizar que eso no ocurra. Pero ese no es el caso de la conocida como "Ley Sinde". Tras su paso por el Congreso y el Senado se incorporaron enmiendas a un primer borrador que iban encaminadas, precisamente, a salvaguardar una serie de principios constitucionales y a evitar el cierre de webs que no estuvieran vulnerando derechos de propiedad intelectual. El objetivo de ambos textos legales será sin duda el mismo, pero no los medios utilizados para ello (al menos por ahora) y como todos sabemos, en derecho, en política y, sencillamente, en la vida misma, esa es una gran diferencia.
A todo esto se ha sumado hoy la noticia bomba del cierre de Megaupload (hoy también lo recogemos en nuestra web). Como reacción a esa medida judicial hemos conocido también hoy que Anonimous ha respondido cerrando un gran número de páginas web del Gobierno de EE UU y también de proveedores de contenidos, empresas culturales y entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Curiosa manera de actuar por parte de quien se autoproclama defensor de la libertad de expresión...
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