El TS de EEUU analizará la inmunidad de la Administración pública ante la vulneración de derechos de propiedad intelectual
Patricia Muñiz de la Oliva.
El 3 de junio de 2019, el Tribunal Supremo de EEUU accedió a estudiar un caso donde se cuestiona si los gobiernos de los Estados gozan de inmunidad ante las demandas interpuestas por los ciudadanos por vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Dicha cuestión ha surgido tras la demanda interpuesta por una productora cinematográfica Rick Allen’s Nautilus Productions, LLC contra el Estado de Carolina del Norte y su Departamento de Recursos Naturales y Culturales.
La Corte de Apelación del Cuarto Circuito (United States Court of Appeals for the Fourth Circuit) dictó sentencia por la cual reconocía la inmunidad del Gobierno del Estado de Carolina del Norte y sus empleados ante demandas por vulneración de los derechos de propiedad intelectual, en un caso en el que la demandante, la productora cinematográfica Rick Allen’s Nautilus Productions LLC alegaba que posteriormente a haber llegado a un acuerdo con la Administración, también por vulneraciones de sus derechos de propiedad intelectual, dichas vulneraciones volvían a producirse, pero esta vez por la puesta a disposición en línea de cinco vídeos cortos y una fotografía del metraje sobre el rescate en 1998 del buque Queen Anne’s Revenge.
La Corte de Apelación reconocía la inmunidad del Gobierno del mencionado Estado, debido a que durante el procedimiento los legisladores de Carolina del Norte aprobaron los arts.§121-25(b) de la North Carolina Archives and History Act, los cuales tratan todas las fotografías, grabaciones de vídeo y otros materiales de carácter documental de buques abandonados, naufragios o de su contenido como parte del archivo público. Es decir, hacen que las obras pasen a formar parte del dominio público sin tener en cuenta en medida alguna los derechos de los titulares.
Para entender el porqué de esta situación se debe aludir a la Undécima Enmienda a la Constitución de EEUU que prohíbe que los ciudadanos puedan interponer demandas ante los tribunales federales contra un Estado. En la década de 1980, se reconoció como un problema que los titulares de derechos no pudieran demandar a las administraciones por daños ante la infracción de sus derechos; es por ello que la Oficina de Derechos de Autor (U.S. Copyright Office) llevó a cabo un estudio sobre esta materia, haciendo que el Congreso aprobara una serie de normas en 1990 que intentaron derogar explícitamente la inmunidad soberana de los Estados con respecto a los derechos de autor, patentes y marcas registradas: laCopyright Remedy Clarification Act (CRCA).
Sin embargo, los tribunales de instancias inferiores, incluido el Tribunal de Apelaciones de este caso, han ido dictaminando que el Congreso carecía de la facultad para dar ese paso en virtud de la Cláusula de Derecho de Autor en el Artículo I de la Constitución o en la Sección 5 de la Decimocuarta Enmienda, convirtiendo la CRCA en papel mojado.
Ante todo lo anterior y con la oportunidad que este caso brinda, la RIAA (The Recording Industry of Association of America) entró a ser parte interesada de este caso presentando un amicus curiae ante el Tribunal Supremo de EEUU, con el objetivo que éste decida sobre esta situación “perniciosa” que permite a los gobiernos de los Estados infringir los derechos de autor con impunidad.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha decidido entrar a estudiar el caso y se espera que su decisión arroje luz sobre la situación anormal en la que se encuentran los autores ante infracciones contra sus derechos cometidas por las administraciones públicas.
Fuentes: Tribunal Supremo de EEUU (petición de RIAA como parte interesada demandante, petición demandada), The Hollywood Reporter, Sentencia de la Corte de Apelación del Cuarto Circuito (United States Court of Appeals for the Fourth Circuit) caso nº No. 17-1522, Frederick l. Allen; Nautilus Productions, LLC y otros vs. North Carolina Department of Natural and Cultural Resources; State of North Carolina.
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