Miguel Ángel Aguayo Martínez. Derechos PI/Legislación
LaCoalición de Creadores ha publicado su informe anual, titulado «Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales en 2016”, en que se analizan los hábitos de consumo de contenidos y los accesos ilícitos a contenidos protegidos. También se detalla el lucro cesante producido como consecuencia del acceso ilegal a contenidos protegidos.
Concretamente, en dicho informe se establece que durante el pasado año 2016 hubo 4.128 millones de accesos ilegales a contenidos, lo cual tiene diversas consecuencias, la principal es el lucro que producen dichos accesos, estimado en 1.783 millones de euros, y otras de mayor afectación social como los 21.697 puestos de trabajo que la piratería impide crear, con su correlativo impacto a las arcas del Estado, estimado en 576 millones de euros. Aún a pesar de todo, el informe invita a ser optimistas ya que se están observando progresos en la lucha contra estas prácticas.
Realizando un análisis más en profundidad de estos datos, podemos apreciar cuales son los sectores más afectados por la práctica. Podríamos destacar como los tres principales, los accesos ilícitos a películas con 789 millones de accesos a estos contenidos valorados en 6.935 millones de euros, en segundo lugar el sector musical con 1.661 millones de accesos a contenidos musicales, con un valor de mercado de 5.767 millones de euros, y en tercer lugar series con 959 millones de capítulos reproducidos o descargados ilícitamente durante 2016, y cuyo valor en el mercado es de 1.577 millones de euros. Igualmente hay otras clases de contenidos afectados como son los libros, videojuegos o fútbol. A pesar de todas estas cifras, el informe destaca que en 2016 se redujeron un 4,2% los accesos ilícitos a todos estos contenidos, lo cual se traduce en un valor de 23.294 millones de euros. Además, y estrechamente vinculado con esto, el porcentaje de usuarios que está pagando para acceder lícitamente a estos contenidos ha crecido de forma exponencial, ya que en 2016 se ha registrado un 11% de usuarios que han pagado para acceder a estos contenidos, frente al 5% de 2014.
En conclusión, las medidas legislativas adoptadas hasta el momento están marcando la dirección correcta, pero aún hay que mejorar.