El 6 de mayo de 2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) emitió una decisión (proceso de consulta facultativa 52-IP-2022), por medio de la cual resuelve una interpretación prejudicial, sobre la comunicación pública de prestaciones protegidas en vehículos de transporte de pasajeros, público o privado, así como la legitimación de las entidades de gestión colectiva (EEGG) para interponer una acción judicial.
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