El Tribunal de Apelación apoya la interpretación de BMI de los decretos de consentimiento

Marta Zaballos del Río Gestión Colectiva/EGC Internacional
ElTribunal de Apelación del segundo circuito federal de Nueva York ha resuelto, a través de sentencia de 19 de diciembre de 2017, el recurso de apelación presentado por el Departamento de Justicia (en adelante,DOJ) confirmando ladecisión de un Juez Federal de Nueva York de 16 de septiembre de 2016 respecto a la interpretación de los decretos de consentimiento o “consent decree” de la entidad de gestión colectiva de derechos estadounidense Broadcast Music Inc (en adelante,BMI). La decisión impugnada establecía  que los decretos de consentimiento de BMI no imponían la obligación de licenciamiento fraccionado ni tampoco de licenciamiento completo sobre las obras del repertorio de la entidad.
La controversia tiene por objeto dilucidar si, de acuerdo con los decretos de consentimiento, las entidades de gestión deben ofrecer un licenciamiento completo o fraccionario de los derechos sobre una determinada obra. De acuerdo con BMI, partidaria del licenciamiento fraccionario, si la entidad adquiere parte de los derechos sobre una obra musical, esta pasará a  formar parte del repertorio de la entidad y podrá, por tanto, incluirse en  la licencia “a la carta” de todos los derechos gestionados por BMI, que es la forma usual de distribución de la entidad. No obstante, en caso de que el titular de derechos decida licenciar los derechos que recaen sobre una obra a diferentes entidades de gestión, BMI licenciará solamente sobre los derechos le han sido cedidos. De acuerdo con el DOJ, que defiende la obligación de licenciamiento completo, si la entidad de gestión ostenta únicamente parte de los derechos sobre una obra musical, esta no podrá incluirse en las licencias a la carta.
En agosto de 2016, el DOJ, tras la realización de uninforme acerca de la efectividad de los decretos de consentimiento en los dos años anteriores, entendió que los estos imponían la obligación de licenciamiento completo. Además, consideró que este tipo de licenciamiento aportaría beneficios competitivos al licenciamiento “a la carta”. Inmediatamente después, BMI solicitó al Juez de primera instancia que realizase una interpretación correcta de los decretos de consentimiento.
Tras conocer la decisión de septiembre de 2016, en la que el Juez consideró que la posición del DOJ no estaba suficientemente fundamentada, ambas partes presentaron un recurso de apelación. El DOJ, por su parte, argumentó que los decretos de consentimiento deben interpretarse en el sentido de que obligan a BMI a la gestión de todos los modelos de explotación y derechos aparejados a cada obra de su repertorio.
Por su parte, BMI realizaba una interpretación favorable al licenciamiento fraccionario de las obras cuando la entidad no controla todas las modalidades de comunicación pública para una determinada creación. De acuerdo con la entidad, la prohibición del licenciamiento fraccionado tendría consecuencias negativas importantes. Por un lado, aumentarían los costes de gestión y por otro, podría darse la circunstancia de que las entidades de gestión licenciasen obras completas cuando una entidad extranjera les hubiera dado solo una parte de los derechos, lo que tendría un impacto negativo en la industria musical estadounidense con respecto al mercado global. En octubre de 2016, Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (en adelante, CISAC), presentaba un amicus curiae ante el Tribunal de Apelación dando su apoyo a BMI.
La decisión del Tribunal, a favor del licenciamiento fraccionario, ha sido aplaudida por numerosas entidades de gestión colectiva de derechos. BMI señala los potenciales efectos beneficiosos que esta decisión va a tener para los titulares de derechos y para la industria musical.
Desde el año 2015, el Instituto Autor viene realizando un seguimiento de este tema en su página web. En el año 2015 el IA publicó un informe, bajo el título “El licenciamiento de obras musicales para usos online en Estados Unidos”, en el que se explicaba el origen y la situación actual de la controversia existente en Estados Unidos entre los editores de obras musicales y las entidades de gestión colectiva, en relación con el licenciamiento de repertorio en redes digitales.
Fuentes:Southern District of New York,BMI.