La Ley de Propiedad Intelectual no protege las ideas sino la forma en cómo éstas son expresadas. Tampoco protege los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, ni los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas. Este requisito permite reconciliar los intereses de los creadores y de la sociedad, preservando la libre circulación de ideas y alimentando la creatividad artística e intelectual al mismo tiempo.
Tampoco son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.
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